La joven murió en medio de un enfrentamiento entre la guerrilla y la fuerza pública
El Consejo de Estado de Colombia condenó hoy a la nación a pagar 806 millones de pesos (cerca de 450.000 dólares) a los familiares de una joven indígena que estaba embarazada y que murió en medio de un enfrentamiento entre la guerrilla y la Fuerza pública, en hechos que se registraron en marzo de 1995.
La decisión del alto tribunal favoreció a la familia de la indígena que habitaba en cercanías a la vereda Puerto Fuerte del municipio de Tierralta, Córdoba, en el noroeste colombiano, donde se presentaron los enfrentamientos armados, detalló este jueves la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en su página web.
El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourt, encontró que los familiares de la víctima denunciaron ante las autoridades su muerte, pero ésta no pudo ser consignada en un acta o registro civil debido a que la Fiscalía se abstuvo, por razones de seguridad, de practicar la diligencia de levantamiento del cadáver.
Por: EFE
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COMENTARIO
Es increíble, como las entidades gubernamentales, se aprovechan de cualquier circunstancia para no asumir la responsabilidad que le corresponde. Es de suponer, que en las circunstancias en la que sucedieron los hechos y el contexto de la situación social que se vivía, los familiares de la víctima no podrían obtener el acta exigida, y no el algo como para inventarlo puesto que se perdió la vida de dos personas
Tomada de: http://www.eltiempo.com/
No concuerdo contigo Tania, puede que sea falta de respeto y consideración con la familia de la mujer, pero enviar al personal correspondiente a una zona de peligro sería un irrespeto mayor, ya que se estaría atentando contra el derecho a la vida de estas personas, enviándolos a un lugar donde podrían morir.
ResponderEliminarVivimos en un estado donde la violencia hace parte de nuestro día a día y no por ello debemos quitarle responsabilidades ni obligaciones al estado; nosotros como habitantes tenemos derechos y obligaciones, esta familia en su momento intento hacer lo que se supone debían hacer, pero la fiscalía por razones diversas no tomo parte en la muerte de la joven, por lo tanto no se hicieron los tramites correspondientes a los cuales tenia derecho la familia de esta mujer. Ahora con el pasar de los años el estado no sume su obligación y esto no puede quedar así, el estado no se puede excusar en nada para negarle a dicha familia lo que le pertenece simplemente por la falta de un documento que en su momento les fue negado por "razones de seguridad".
ResponderEliminar¿Y entonces si les parece razonable poner solución a todo con dinero? El estado siempre se ha dedicado a lo mismo, juegan con nuestras vidas y todo lo solucionan con unos cuantos pesos. No es justo que se utilice a un habitante colombiano como mercancía, y que su muerte tengo valor, incluso cuando la dueña de ''esos benéficos'' es la menos favorecidas.
ResponderEliminarY si estos personajes del gobierno son los que tiene a Colombia tan perjudicada, seria justo que ellos también sientan un poco lo que a diario pasan tantas familias de esta nación, y todo porque a los señores de corbata les parece justo poner fin a la guerra con mas guerra, cuando con estas acciones crean mas y mas violencia. Pero como todo lo arreglamos con dinero, y como buenos inconscientes le damos las gracias y hacemos quedar bien al estado por su dichosas ayudas, cuando en realidad somos títeres de sus caprichos y nos llenan de pan y circo y felices de la vida. Se debería ver la situación con ojos críticos, y darse cuenta que aceptar estas comisiones es darle garantía al gobierno para que siga cometiendo sus fechorías sin ninguna clase de restricción.
La justicia cojea pero llega. Una muestra más de cómo el estado falla y vulnera los derechos de los ciudadanos, sobretodo de unos ciudadanos olvidados y abandonados como lo son los indígenas. Aunque el dinero no repara, si ayudará a la familia de la victima.
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